La tinta de la información
E l Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado este martes una norma que permitirá regularizar a medio millón de inmigrantes que viven en nuestro país de manera ilegal.
Entre esta cifra de inmigrantes se pueden encontrar individuos de todo tipo: personas con arraigo laboral y familiar en España, dispuestas a formar parte de la sociedad española legalizando su situación, pero también gente con antecedentes penales y policiales que no se van a poder contrastar bien, ya sea porque sus países de origen se nieguen a facilitar esta información o, directamente, porque esa información no exista en sus registros.
Sin embargo, lo más preocupante de esta regularización masiva es no contar con el respaldo de la Unión Europea ni tampoco del Consejo de Estado de España —este último órgano está presidido por Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez—. Es decir, no hay consenso político, social, jurídico ni económico que avale esta regularización de inmigrantes, motivada, a su vez, por fines políticos del Gobierno de España.
Las consecuencias graves que puede acarrear esta normativa aprobada el pasado martes son las siguientes:
Seguridad y problemas judiciales: si hablamos de la comisión de delitos graves (robos con violencia, agresiones sexuales) no contrastables por la nula información de los países de origen, lo que puede derivar en colapso judicial y policial por la falta de recursos.
Mercado laboral: una ventaja sería que los inmigrantes podrían ocupar puestos de trabajo de baja cualificación en los que hay mucha demanda; sin embargo, el problema que puede desencadenarse es que, al mantener estas personas trabajos precarios que no les den para sobrevivir dignamente, puedan llegar a cometer delitos graves relacionados con robos con violencia, incrementando la inseguridad en las calles.
Sobrecarga en la sanidad y educación pública: recientemente se ha publicado que las listas de espera en España han alcanzado la cifra récord de 853.509 personas que esperan una operación, 7.000 más que el año pasado. Imaginen, por un momento, qué sucedería cuando se regularice la situación del medio millón de personas que solicitarán la regularización.
Efecto llamada: llegada de personas con arraigo familiar en España o en búsqueda de las mismas oportunidades que las personas que van a ser regularizadas. El problema es que estas oportunidades tienen un elevado coste y los recursos son limitados.
En definitiva, una medida así requiere consenso político y estudios previos que demuestren que la regularización puede traer consecuencias positivas para nuestro país. Hacer lo contrario, es decir, lo que está haciendo el Gobierno, es jugar con los derechos de estas personas, además de poner en serio riesgo de colapso los servicios públicos de nuestro país.
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