EDITORIAL abril 23, 2026: Pedro Sánchez rompe la Constitución Española tras afirmar que Cataluña es un "país"

    La tinta de la información

    L a sesión de control al Gobierno de este miércoles ha puesto de manifiesto la intención golpista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras afirmar lo siguiente: «Vamos a hacer a Cataluña y España países mejores, sí, países mejores».

   En el Título VIII de la Constitución Española se organiza territorialmente el Estado español en municipios, provincias y comunidades autónomas. Sólo hay una nación «única e indivisible»: España. Es decir, Sánchez ha vulnerado la norma vertebradora de nuestro Estado de Derecho.

   Lo anterior hace posible la activación del artículo 102.1 y 102.2 de la Carta Magna de 1978. En el primer punto del referido artículo, se recoge que la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Por otro lado, en su segundo punto queda tipificado que la acusación por «traición» o por otro delito contra la seguridad del Estado podrá ser planteada por la cuarta parte del Congreso de los Diputados, para cuya aprobación se requiere una mayoría absoluta del mismo.

   Con las palabras de Pedro Sánchez en la sesión de control, se está incitando a la sublevación contra la integridad del Estado, atentando, por lo tanto, contra la propia seguridad del Estado. El delito de traición es todavía aún más claro, pues el presidente juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, y con sus declaraciones y actuaciones como jefe de Gobierno rompe ilegalmente con su juramento.

   Si los españoles no ponemos freno al golpismo vocacional del Ejecutivo, probablemente se acabe convocando un referéndum en Cataluña —disfrazado de plebiscito, pero con carácter legal, porque para eso está Pumpido en el Tribunal Constitucional— que marque el fin de la transición rupturista que Sánchez inició tras las elecciones generales del año 2023.

   Desde INVICTOR hacemos un llamamiento a la oposición para que, bajo su responsabilidad legal, inicien los trámites para la aprobación del artículo 102 en el Congreso; de lo contrario, España llegará a un punto sin posibilidad de retorno.