La tinta de la información
A yer, comenzó el juicio contra la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, con el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a la cabeza. Se les acusa de espionaje a la familia Bárcenas.
Serán tres meses —que se les harán muy largos— en los que se vuelve a poner de manifiesto la capacidad que tiene el Estado de poder destruir a cualquier persona que pueda tener o guardar material sensible que ponga en tela de juicio a los altos mandos políticos.
Supuestamente, Mariano Rajoy no sabía nada de lo que se estaba cocinando en las cloacas policiales de uno de sus ministerios ni de lo que estaban muy pendientes Sáenz de Santamaría y Cospedal, como reflejan los audios con Villarejo; pero lo cierto es que el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, apuntó al expresidente del Gobierno al dar su consentimiento, lo que dio pie al montaje de todo el aparato parapolicial.
La trama corrupta utilizó fondos reservados del Estado para comprar al chófer de Bárcenas por un precio de 50.000 euros. Esto ya lo vimos cuando Montoro ordenó la detención ilegal de Rodrigo Rato por parte de agentes aduaneros falsos —cuyos anoraks que llevaban puestos las etiquetas de recién comprados— durante el registro de su domicilio. De hecho, el propio Rato no tuvo ni que pasar a firmar en el juzgado su puesta en libertad tras siete horas de registro.
En el caso "Kitchen", hablamos de un individuo vestido de cura que asaltó la vivienda de Bárcenas con el objetivo de incautar pruebas que pusieran en entredicho al Partido Popular, principalmente a su cúpula, comenzando por el propio Rajoy.
El uso de fondos públicos con fines espurios es algo a lo que el bipartidismo está muy acostumbrado. Lo cierto es que, en este caso, se armó un gran revuelo mediático, mientras que con la corrupción de Sánchez y su Gobierno impera la omertà mediática. Juegan al "y tú más", aunque lo cierto es que juegan con nuestro dinero: sería para reír si no fuera demoledor.
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