La tinta de la información
Ayer conocíamos la exclusiva publicada por el periódico ABC, que señala la denuncia interpuesta por la Guardia Civil contra la empresa Adif por haberse llevado pruebas o materiales del accidente de Adamuz sin consentimiento legal.
En concreto, un empleado de Adif ha confirmado que las órdenes de llevarse esos materiales «venían de arriba». Por supuesto, como en el 11M, las órdenes no llevan ni nombre ni apellidos.
Se rompe, de esta manera, la cadena de custodia que algunos, desde el primer día, pedimos que se garantizase, porque no había duda de que los responsables iban a tapar la verdad por miedo a ser incriminados, más si el principal foco de la investigación es la rotura en la vía por la que pasaron los trenes siniestrados.
¿Quién garantiza que la custodia judicial de las pruebas no se ha roto ya? Pues nadie nos puede hacer creer que las pruebas que se pongan sobre la mesa provengan del escenario del accidente.
La propia jueza que lleva el caso ya ha tenido que pedir a Adif que devuelva las pruebas y que no se puede hacer una investigación sin la autorización legal debida.
Estamos ante un caso presunto de obstrucción a la justicia y de encubrimiento. De nuevo, no se puede engañar a la población.
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