La tinta de la información
El Gobierno de España, en su obsesión por controlar las redes sociales, quiere implantar una nueva medida que supone prohibir el acceso a cualquier red social a los menores de 15 años.
Cuando el poder político no sabe cómo actuar ante una situación que escapa de su esfera de influencia, la solución siempre es la misma: prohibir y sancionar.
Primero, intentaron controlar el contenido publicado suspendiendo cuentas que ellos consideraban “peligrosas”, pero erraron en el intento y ahora pasará más de lo mismo.
Cuando se impuso la censura en Twitter —ahora X—, los usuarios de esta red miraron hacia otra plataforma que consideraron más libre: Telegram. Tememos que esta vez ocurra algo similar; es decir, si se prohibiese el acceso a determinadas redes sociales, seguramente se creará una nueva que no esté bajo el poder censor del Gobierno.
En definitiva, siempre que ha habido censura, los ciudadanos libres han escapado de ella mediante vericuetos legales para imponer su libertad personal y su derecho a informarse. Por cierto, se trata de un derecho tipificado en nuestra Constitución.
Pretender proteger a los menores mediante la prohibición generalizada no solo es una medida ineficaz, sino también peligrosa, porque normaliza la restricción de libertades fundamentales bajo el pretexto de la seguridad.
La educación digital, la responsabilidad individual y el respeto a los derechos constitucionales deberían ser los pilares de cualquier política pública en este ámbito. Todo lo demás no es más que un intento fallido de controlar lo incontrolable.
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