La tinta de la información
E ste jueves, 26 de marzo de 2026, pasará a la historia como un día infame más en la travesía política de este Gobierno, el impulsor de la ley de eutanasia que ha utilizado Noelia para poner fin a su vida.
Sí, hablamos de Noelia: una chica joven de 25 años, con una parálisis cerebral que la dejó con un 67 % de discapacidad, que ha decidido poner fin a su vida tras ser incapaz de sobrellevar los dolores «crónicos» e «irreversibles» de las secuelas que le ocasionó un intento fallido de suicidio. Tras este hecho, su discapacidad aumentó al 74 %.
Noelia decidió suicidarse tras no superar una agresión sexual grupal que sufrió en 2022 en un centro tutelado por el Estado. Acabó en ese centro tras la retirada de su custodia a sus padres, por motivos económicos derivados del divorcio entre ambos progenitores.
Ésta es su historia, pero ¿qué hizo el Estado para que ese hecho, que llevó a Noelia a suicidarse tirándose desde un quinto piso, no hubiese ocurrido? Pues darle la espalda y entregarle el arma para poner fin a su vida y acallar la conciencia de los implicados, para mal, en su trágico caso. La decisión de solicitar la eutanasia tiene su verdadero motivo en la inacción del Estado ante la agresión sexual sufrida por Noelia.
Estamos ante una aberración moral. Mientras esta chica no recibe la ayuda psicológica y psiquiátrica necesaria que podría haber impedido su decisión final —como han afirmado sus padres—, la sociedad se vuelve a dividir entre los que defendemos la vida y quienes quieren acabar con ella a toda costa.
No estamos ante un enfermo terminal con una enfermedad incapacitante, sino ante una persona que todavía se vale por sí misma. Noelia no tiene autonomía mental ni capacidad de agencia para tomar esa decisión. Hablamos de una suicida, es decir, de una enferma mental, a la que, lejos de darle la ayuda necesaria, se le está dando el arma con la que matarse. El Estado, en su máximo esplendor.
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