Hoy se ha hecho oficial, mediante decreto, la legalización de medio millón de inmigrantes en situación irregular en España. La razón es bien sencilla: Pedro Sánchez quiere aumentar el censo electoral para reforzar la mayoría parlamentaria que, a día de hoy, se tambalea.
Al presidente del Gobierno los derechos de los inmigrantes, así como los de los pensionistas, le dan igual, pues la prueba de ésto último es la inclusión de la revalorización de las pensiones en un decreto que recoge diferentes medidas que afectan negativamente a España y sólo benefician a su persona.
España tiene como líder gubernamental a una persona débil, sin la credibilidad que sí tenía cuando llegó al poder y con un aspecto físico deteriorado por las preocupaciones personales causadas por la corrupción que acecha a su entorno político y familiar.
Hace tiempo que debió dar un paso al lado. Dado que no lo hace, debe ser el mismo partido —el PSOE— quien le dé la estocada final si no quiere correr la suerte de desaparecer: los últimos resultados electorales apuntan a la extinción de los socialistas.
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