El silencio en torno a Coro Cillán: la jueza olvidada del 11M

Han pasado más de dos décadas desde los atentados del 11 de marzo de 2004, pero todavía quedan historias silenciadas, piezas incómodas del puzzle que la versión oficial prefirió apartar. Una de ellas es la de Coro Cillán, la magistrada que se atrevió a reabrir preguntas sobre el 11M y que terminó desapareciendo del espacio público, recluida y olvidada por todos.

Escribo estas líneas tras haber transcurrido más de dos años y medio después la publicación de un tuit, el 11 de marzo de 2023, con motivo del decimonoveno aniversario de los atentados del 11M. Aquel mensaje, que despertó un inesperado interés en Twitter, recordaba a la juez Coro Cillán, una figura tan controvertida como necesaria en la búsqueda de la verdad.

Tras demostrarse que el entonces jefe de los TEDAX, Jesús Sánchez Manzano, había cometido irregularidades en la custodia y análisis de los explosivos, la magistrada Cillán admitió a trámite una querella presentada por la Asociación de Víctimas del 11M. Su investigación cuestionaba los informes oficiales, especialmente después de que Sánchez Manzano afirmara —erróneamente— que la Goma 2-ECO contenía nitroglicerina.

El juez Gómez Bermúdez ordenó entonces una pericial independiente. De todas las muestras recogidas en los trenes, solo veintitrés llegaron al laboratorio, y de ellas apenas una —un tornillo y polvo de extintor— procedía directamente de un foco de explosión sin manipular. El análisis, publicado por El Mundo, reveló la presencia de dinitrotolueno y nitroglicerina, componentes propios del Titadyn, no de la Goma 2-ECO.

Coro Cillán citó a declarar a los presuntos responsables de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, entre ellos Sánchez Manzano y su perito químico. La acusación se basaba en la desaparición de los vagones de los trenes y en un posible encubrimiento de pruebas. Los imputados pidieron el archivo del caso alegando cosa juzgada y prescripción, pero ni una ni otra se sostenían jurídicamente.

El 11 de octubre de 2013, en medio de presiones políticas y mediáticas, la juez fue inhabilitada por un caso ajeno al 11M. Aquello supuso, de facto, el final de su investigación. Dos años antes, en octubre de 2011, sufrió un incendio en su vivienda del que apenas logró salir con vida. La cerradura, según denunció, había sido manipulada, y llegó a solicitar escolta policial por temor a sufrir un atentado.

Después vino el silencio. Cillán fue apartada y, con el tiempo, trasladada a una residencia de Madrid tras sufrir una caída en la vía pública. Más tarde fue derivada a un centro en Palencia, dependiente de la Junta de Castilla y León, donde continúa hoy, prácticamente incomunicada y olvidada. Ningún juez ha reabierto su caso. Ningún medio ha investigado su situación. Ni siquiera la oposición —ni PP ni Vox— parece interesada en rescatar su nombre del olvido.