Las declaraciones de los agentes de la UCO hace apenas unos días dibujan un panorama difícil de ignorar. Uno de ellos admitió que resultó imposible acceder a la cuenta del correo electrónico del fiscal, alvarogarcia.ortiz@gmail.com, porque había sido eliminada, imposibilitando así cualquier verificación sobre los mensajes enviados o recibidos. A ello se suma el borrado de los chats de WhatsApp del teléfono móvil del fiscal general. ¿Casualidad? Puede ser...que no. Cuesta creerlo cuando todo esto sucede el mismo día en que se hace pública su imputación. Uno diría que es demasiada sincronía para atribuirla al azar.
La fiscal Almudena Lastra ofreció un testimonio que añade aún más veracidad a los hechos por los que se juzga al García Ortiz. Desde ciertos sectores se la acusó de ser afín a Ayuso, obviando que fue nombrada fiscal superior de Madrid por Dolores Delgado —nombramiento que, por cierto, el Supremo terminó declarando ilegal—. Y quizá por eso su declaración cobra un valor aún mayor. Según relató, lo primero que le dijo al fiscal general tras conocerse la filtración fue directo y sin matices: “Has filtrado”. La respuesta de García Ortiz —“Eso ahora no importa”— no es precisamente lo que uno espera de quien se ve acusado de una acción tan grave. No negó, no clarificó, no exigió pruebas. Simplemente quiso pasar página. Demasiado rápido quiso dar carpetazo al asunto.
Por si fuera poco, existe una conversación entre Lastra y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en la que la primera reconoce que no debió reenviar ciertos correos al fiscal general porque “los va a filtrar”. Cuando la propia estructura interna de la Fiscalía asume preventivamente que su máximo responsable podría divulgar información reservada, algo se ha roto. Y no es algo menor.
A este desorden se añade la decisión de la Fiscalía de retirar un acuerdo ya alcanzado con los abogados de González Amador, un movimiento descrito desde dentro como una orden “de arriba”. Estos vaivenes, lejos de transmitir imparcialidad, alimentan la sospecha de que la institución actúa más en función de intereses políticos que de criterios jurídicos.
En su declaración ante el Supremo, Almudena Lastra subrayó algo tan básico como olvidado: la función de la Fiscalía no es revelar estrategias de defensa, sino perseguir delitos. Según su versión, la intención del fiscal general no era otra que elaborar una nota de prensa que dejara a González Amador expuesto ante la opinión pública, señalado como un defraudador incluso antes de que la Justicia pudiera pronunciarse.
Y aquí está el punto clave: la Fiscalía —sí, la institución encargada de velar por la legalidad y la equidad— no puede permitirse ni la apariencia de actuar como un actor político. Mucho menos cuando lo que está en juego es la integridad de procesos judiciales y el derecho de defensa de un ciudadano, sea quien sea su pareja o su familia.
España ha atravesado muchas crisis institucionales, pero pocas tan corrosivas como la que se produce cuando la sombra de la sospecha se cierne sobre el propio fiscal general del Estado. La confianza pública se erosiona desde arriba, y recuperarla siempre cuesta el doble.
Quizá este sea el momento de preguntarnos, sin rodeos, qué tipo de Fiscalía queremos: una independiente, rigurosa y transparente, o una que se diluya entre filtraciones, borrados oportunos y maniobras comunicativas impropias de un Estado de derecho.
La respuesta debería ser obvia. Lo realmente preocupante es que, a estas alturas, ya no lo es tanto.
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