Sin embargo, la reacción política posterior ha vuelto a demostrar que una parte de la izquierda española entiende la democracia y el Estado de Derecho como herramientas moldeables a conveniencia. La presencia de Baltasar Garzón —él mismo condenado en su día— encabezando un acto de presión frente al Tribunal Supremo este domingo es, como mínimo, una imagen difícil de digerir para quienes aún creemos en la independencia judicial. Lo hicieron, además, sosteniendo que “no había pruebas”, pese a que existían indicios que muchos consideran relevantes y que en el propio proceso no consiguió despejar la parte acusada.
No deja de ser llamativo que, aun reconociéndose hechos como el borrado del teléfono móvil del fiscal general, la elaboración de una nota de prensa con información sensible y la ausencia de una negación clara sobre la revelación de secretos, el debate público se haya centrado más en reinterpretar el fallo que en asumir su gravedad.
Conviene recordar algo elemental: cuando el principal soporte probatorio desaparece por acción del propio investigado, los indicios adquieren un peso determinante. De lo contrario, cualquier delincuente podría borrar rastros, destruir evidencias o hacer desaparecer un cuerpo, y caminar después rumbo a la absolución bajo el sofisma de que “no hay prueba concluyente”.
El Ministerio Fiscal existe para proteger la verdad, no para deformarla. Y en este caso, por mucho que se intente vestir la situación de persecución política, el fallo del Supremo habla por sí solo. Aun así, García Ortiz continúa en su puesto, sin dimitir, amparado por un presidente del Gobierno que prefiere mirar hacia otro lado. Y quizá ahí esté el verdadero núcleo del problema: no sólo quién cometió el delito, sino quién ha decidido sostenerlo a cualquier precio.
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