E sta semana se reinicia el juicio por el caso Mascarillas, y acudirán a declarar la expresidenta de Adif, Pardo de Vera; la expareja de Koldo y el dueño de la empresa Villafuel.
Recordemos que los imputados en este caso son el exministro de Transportes, José Luis Ábalos; su mano derecha, Koldo García; y el empresario y comisionista, Víctor de Aldama. Mientras que la Fiscalía pide más de 20 años de prisión para los dos primeros, para el señor Aldama pide 4 años debido a su colaboración con la justicia en el esclarecimiento de la verdad.
Hablamos de una trama corrupta que se dedicaba a la compra —pagando un precio elevado— de material sanitario defectuoso en plena pandemia, con el objetivo de repartirse comisiones una vez efectuadas las distintas compras de dicho material. Es decir, cuando morían en España cerca de mil personas a diario, estos tíos se dedicaban a hacer negocios —ilegales— con el material sanitario.
Al mismo tiempo que sucedía todo esto, el Gobierno prohibió a las comunidades autónomas que pudieran adquirir material sanitario por su cuenta, lo que deja de manifiesto que hay más gente dentro del Ejecutivo —los que dieron esta orden, probablemente— que se dedicó al cobro de comisiones: seguramente, el primero, el Ministerio de Sanidad.
El destino de esas comisiones, por otro lado, es de sobra conocido. Cuando los españoles no podíamos salir de nuestras casas porque el Gobierno nos encerró ilegalmente —sentencia del Tribunal Constitucional—, estos individuos se dedicaban a la compra de inmuebles donde metían a las prostitutas, escogidas previamente por catálogo; a realizar viajes a República Dominicana, Venezuela, etc., donde seguramente esté la fortuna de Ábalos —como dejó caer su exmujer, Carolina Perles, al afirmar que "si se quiere saber el paradero de ese dinero basta con mirar su pasaporte"—; y a la financiación del Partido Socialista, donde los sobres de efectivo llegaban hasta el presidente del Gobierno, como afirmó en su comparecencia en el Senado.
Sin embargo, esta trama corrupta no acabó aquí. Las prostitutas que servían estos presuntos delincuentes fueron enchufadas en empresas públicas como Adif y Logirail. El ejemplo más claro: Claudia Montes, la que fuera Miss Asturias 2017. Esta mujer estaba contratada en Logirail, empresa donde se le abrió un expediente por no acudir a su puesto de trabajo y que se archivó una vez purgado el director de esta empresa, José Ángel Menéndez.
En total, 75 personas relacionadas con la trama pasarán a declarar en el Tribunal Supremo como testigos de estos presuntos delitos. Carmen Pano, empresaria y exsuegra de Aldama, en su declaración de esta semana ha ratificado el pago de efectivo de 90.000 euros en dos bolsas de plástico, dinero cuyo destino fue la sede del PSOE sita en la calle Ferraz. Su chófer, quien presenció una de las entregas de dinero, también ha reconocido ante el Supremo haber visto "tacos de billetes" dentro de esas bolsas anteriormente citadas.
En definitiva, los españoles podemos preguntarnos por qué las vías de los trenes están en un estado deplorable por falta de mantenimiento: la realidad es que ese dinero se dedicaba a usos espurios.
De aquellos polvos, estos lodos.
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