La tinta de la información
L a regularización masiva de inmigrantes ilegales en nuestro país por parte del Gobierno de España tiene como fin, a largo plazo, el aumento del censo electoral. Es decir, se trata de una medida utilitarista con fines puramente partidistas, pues sólo busca aumentar el número de votos al Partido Socialista.
Ya expusimos en el editorial del pasado viernes los efectos perversos, a nivel social y económico, que acarrearía una regularización masiva —que no progresiva— de personas con antecedentes por delitos penales no contrastables, debido a la imposibilidad de acceder a la información de sus respectivos países de origen.
El periódico El Español publicó la noticia sobre la instrucción, por parte del Ejecutivo de Sánchez, a los centros penitenciarios con el objetivo de facilitar la regularización del mayor número de presos preventivos. Todo esto denota una intención malévola cuya consecuencia puede derivar en el socavamiento de la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones, en particular, en la justicia.
El Estado de Derecho, con este Gobierno, está cada vez más en peligro de derrumbe total, pues una medida así dificulta la labor del Estado a la hora de expulsar a inmigrantes con delitos reiterados: personas a las que el Poder Judicial mantiene bajo tutela al decretar la prisión preventiva ante un eventual riesgo de fuga o peligro extremo.
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